Historia de la minería de Guadalcanal 1

De la época Romana al siglo XVII.

ÉPOCA ROMANA.- 

Tres años después de la caída de Cartago-Nova a manos de Escisión en el año 209 antes de Cristo, Roma se hizo dueña de forma progresiva de los territorios del sur de la Península, cuyas minas comenzó a trabajar con gran intensidad, prosiguiendo explotaciones en curso o investigando nuevos yacimientos de minerales. La romanización trajo consigo el florecimiento de la industria minera, a la que aplicaron singulares tecnologías de arranque y profundización, en ocasiones verdaderamente espectaculares. 

La primera legislación en materia minera conocida como «Lex Metalli Vistapacensis » se debe a la época de denominación romana. 

Pocos fueron los filones importantes que escaparon a la actividad romana; siempre atacaron los criaderos bien mineralizados y jamás se entretuvieron en seguir pequeñas ramificaciones. De hecho, en épocas recientes, aún se consideraba« que una concesión que encerrase trabajos romanos tenía serias posibilidades de éxito». 

Sobre una posible explotación de las minas sevillanas de plata de Guadalcanal, no se conocen testimonios directos; tan solo el historiador -Barrantes-, a mediados del siglo XIX, se refiere a un manuscrito mutilado del siglo XVII titulado «Guadalcanal y su antigüedad», en el que existe alguna alusión a una actividad romana, al igual que lo reseña -Guillermo Bowles-. 

Por otro lado, en el plano elaborado por Goetz Phillipi, que trabajó dicho criadero en Guadalcanal a principios del siglo actual, se anota la existencia de una «casa romana». 

Se reconocen también vestigios de trabajos romanos en la mina del Pago de Gibla, de cobres grises argentíferos y auríferos, en término de Constantina; y también en las de hierro del Cerro del Hierro. 

De estos trabajos proceden candiles y útiles mineros localizados hasta 50 metros de profundidad. 

Asimismo se reconocen vestigios de actividad minera en los criaderos de plomo argentífero en los términos de Alanís y Cazalla de la Sierra. 

ÉPOCA VISIGODA.-

A partir del siglo III después de Cristo, las incursiones germanas en el norte de la Península y los beréberes en el sur, debieron estorbar y entorpecer la gran actividad minera, que inicia así una etapa grande de languidecimiento hasta su práctica extinción. 

ÉPOCA MUSULMANA .-

No existen demasiadas referencias sobre extracción minera en la bibliografía que corresponde a este milenario de civilización, aunque sí hay constancia de determinadas explotaciones y muy en particular, existen numerosos comentarios mencionando con cierto detalle la riqueza del subsuelo andaluz, a la vez que dan precisiones en general exactas sobre el emplazamiento de los criaderos de minerales. 

De entre la multitud de referencias alusivas a la existencia de minerales en territorio andaluz por parte de historiadores y geógrafos musulmanes, referente a la provincia de Sevilla encontramos la de Chiab-Ed-Din Ahmed Ben Yahya, muerto en el año 1348, quien refiriéndose al Cerro del Hierro, que denomina Constantina del Hierro, dice “Hay en las montañas cercanas hierro, siendo unánime reconocer la buena calidad, y que se exporta al mundo entero”. 

En el viaje que Guillermo Bowles realizó a partir de 1752 por encargo de Carlos III para reconocer diversas minas españolas, las explotaciones de hierro se citan en el Cerro del Hierro. 

En el año 1499, en Ocaña, se concierta Real Asiento con Francisco de Herrera sobre los mineros, entre otros, de las villas de El Pedroso y Constantina. 

SIGLOS XVI y XVII.-

El 10 de Enero de 1559, la Princesa Gobernadora, Doña Juana en ausencia de su hermano Felipe II promulgó en Valladolid una Pragmática - auténtica ley de minas- declarando caducas todas las concesiones, salvo algunas excepciones, a la vez que establecía el modo de beneficiar las minas y obligaba a asentar las mismas en el Registro General de Minas. 

En esta Pragmática «se incorporan a la Corona todas las minas de oro, plata y azogue», y entre otras disposiciones se señala que «solo los naturales y súbditos del Reino podrán cavar y buscar las referidas minas de oro y plata», declarando que todo esto se hacía extensivo «a las demás minas de cualquier clase que fueran». Esta normativa fue complementada por otra dictada en 1563. 

El efecto de estas disposiciones pronto se dejó sentir y el interés que la Corona mostraba por los asuntos mineros se materializó con la solicitud de gran número de registros mineros, lo que obligó a la promulgación de las famosas Ordenanzas de Felipe II en 1584 que regirían con eficacia durante los siguientes doscientos cuarenta y un años. 

Durante la primera mitad del siglo XVI, el régimen legal minero siguió estando determinado por el otorgamiento de concesiones en grandes dominios geográficos. De este periodo destacan los concedidos por los Reyes Católicos entre los años 1511 a 1514. 

Entre otros, en el año 1514 a Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, de todos los del Arzobispado de Sevilla y Obispados de Córdoba, Jaén y Cádiz. 

En dicho año «1514», también se hizo asiento con Francisco de Herrera sobre el Maestrazgo de Alcántara con el Condado de Belalcázar y las villas de El Pedroso y Constantina, y con Cristóbal López de Aguilera sobre la Sierra de Sevilla en los términos de Alanís, Cazalla, Puebla de los Infantes, San Nicolás del Puerto...... y la Sierra de Aroche. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siguiente, la actividad minera se ve potenciada por disposiciones legales promulgadas por Felipe II referidas anteriormente, multiplicándose de forma espectacular las solicitudes de concesiones mineras. Sin embargo la conquista americana son sus abundantes riquezas minerales, hace que influya negativamente al desviarse en gran medida la atención hacia dichas tierras americanas. 

Sobre la multitud de concesiones mineras otorgadas, hasta nuestros días han llegado noticias clasificadas de las mismas a través de la obra publicada por Tomás González en 1832 en dos tomos y titulada «Registro y Relación General de Minas de la Corona de Fernando VII» y siendo Director General del ramo el insigne Elhuyar. Estos mismos datos, ampliados y corregidos, verían después la luz también en la obra de Nicario Antón del Valle, denominada «El Minero Español», impresa en 1841. 

En concreto, la actividad minera de mayor relevancia en territorio andaluz durante esta etapa fue sin duda la que constituyó la explotación del yacimiento de plata de Guadalcanal. La historia de estas minas surge en el año 1555, cuando fueron descubiertas por Martín Delgado, teniente alcalde de la villa, llegando la noticia a conocimiento de la Princesa Gobernadora en Valladolid durante la ausencia de su hermano Felipe II, que se encontraba a la sazón en Flandes para recibir de su padre los Reinos de España; enviado por la Casa Real el Marqués de Falces para su reconocimiento, se procedió a la incautación de las minas mediante el pago de 33.500 ducados en concepto de indemnización, comisionándose a Agustín de Zárate para hacerse cargo de la administración de los trabajos. Este hecho causó serios incidentes con el alemán Juan de Xedler, titular de un Real Asiento sobre determinadas minas de la zona, llegándose a un acuerdo con Zárate sobre su participación que compartía con sus compatriotas Juan de Xuren y Juan de Gilist, quienes tuvieron gran preponderancia en las técnicas de explotación. 

Corría entonces la voz de que estas minas « producían lo bastante para pagar las tropas de Fuenterrabía, las obras de los Alcázares de Toledo, Madrid y El Pardo y las empresas de Melilla, Orán y del Príncipe Andrea Doria » así como para financiarlas obras del Monasterio del Escorial; sin llegar a tanta fantasía y de acuerdo con la correspondencia cruzada entre la Corona y la Administración de las minas, lo que sí parece cierto es que se obtenían grandes beneficios. 

Afines de 1556 y a la vista de los numerosos registros mineros que surgen entorno al éxito de Guadalcanal, se nombró Inspector General de las minas a Francisco de Mendoza, hijo del Virrey de las Indias y conocedor de la minería en aquellos territorios; se variaron los procesos de tratamiento, suprimiéndose el lavado para fundir directamente los minerales, al mismo tiempo que se instalaban molinos de caballerías y parece ser que se comenzaron a emplear esclavos negros para las operaciones mineras, muy especialmente las de desagüe. Cuando Agustín de Zárate dejó la mina, a principios del año siguiente, se trabajaba a cuarenta metros de profundidad, con grandes problemas de agua, iniciándose una etapa de decaimiento; en ese mismo año se comenzó a aplicar el proceso de amalgamación para la recuperación de la plata, tal y como se venía haciendo en las minas americanas y a cuyo efecto se mandó venir de Méjico a Mosén Antonio Boteller, quien había trabajado en el descubrimiento de estos procesos junto al sevillano Bartolomé de Medina. 

En 1564 se inicia una nueva fase explotadora a cargo del minero Francisco Blanco, quien en 1570 desviaba el arroyo en su lucha contra la inundación, poniéndose al descubierto una nueva metalización, encomendándose de nuevo a Záratela dirección de los trabajos, que por aquel entonces alcanzaban la profundidad de 130 metros diversos derrumbamientos de las labores y pozos, así como la imposibilidad de dominar las aguas, dieron al traste con la actividad minera en 1576. Tras numerosos y efímeros intentos de reactivación no volvió a haber laboreo importante hasta el año 1632 en que vinieron a caer a manos de los banqueros alemanes Fuggers (llamados en España los Fucares) y cuyos antecesores venían explotando minas de mercurio de Almadén desde 1525. El periodo de explotación tan solo duró dos años, no sin pocas dificultades y sí con una gran dosis de mitos y leyendas sobre las riquezas que les proporcionaron. 

Es curioso que precisamente sobre esta mina de Guadalcanal es por vez primera donde, de alguna forma, se instrumenta la figura de reserva estatal: así en la Pragmática de 1559 se prohíbe cualquier trabajo en una legua alrededor de Guadalcanal y a un cuarto de legua de las minas de Cazalla, Galaroza y Aracena, en las provincias de Sevilla y Huelva, y por entonces en explotación por cuenta de la Corona. 

En estos siglos XVI y XVII proliferaron los textos relativos a la descripción de minas andaluzas y del arte minero. Así, en 1627, el licenciado López Madera recibía instrucción de la Real Junta de Mina para un viaje de reconocimiento de minas en Andalucía, y en 1681 se dictaba cédula por Carlos II, encargándose a Fray Diego de Herrera el reconocimiento de «las minas descubiertas y por descubrir en Guadalcanal, Extremadura y Andalucía ». 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI el arte y el conocimiento de la industria minera y del beneficio de sus productos de desarrolla de tal forma que, no sin razón, algunos autores han dado en denominar a escala minera como la «la centuria minera» Andalucía no sólo no fue ajena a esta etapa de progreso, sino que innumerables apellidos sureños destacaron en el conjunto de este movimiento tecnológico. 

De entre las valiosas publicaciones relativas a la minería de este periodo destacamos por su relación la de 1663 por el capitán Fernando Contreras, titulada «Noticias del mineraje de Indias y de las minas que hay en España», donde se propone el restablecimiento de varias minas, entre ellas las de Guadalcanal y Riotinto, proponiendo la creación de una escuela real minera en una de las dos localidades. 

También en 1621 debían hallarse en explotación algunas minas de carbón de Villanueva del Río, ya que por Real Cédula de facultaba al licenciado Pedro de Herrera para investigar si «se habían hecho fraude por algunos mineros en las minas de carbón de piedra descubiertas en término de Villanueva del Río». 

Al finalizar el siglo XVII, la minería se situaba en un periodo de franca decadencia; el Estado labraba por su cuenta las minas de Guadalcanal, Riotinto y Linares, así como la de grafito de Marbella, y algunos particulares trabajaban algunos veneros, fundamentalmente de plomo y cobre argentífero, en las provincias de Granada y Sevilla.
Rafael Remuzgo Gallardo